Fraude formación en Úbeda

Operación EDU en Úbeda

Nos hacemos eco desde nuestra redacción, a petición de nuestros lectores, de dos noticias que ha pasado desapercibida en los medios de comunicación locales.

Las noticias hacen referencia a un juicio celebrado en los juzgados de lo penal de Jaén en relación a los fraudes de los cursos de formación para desempleados en el marco de la operación denominada EDU. En este juicio se juzgaban a personas vinculadas a una empresa de formación radicada en Úbeda. Por su interés reproducimos las dos noticias publicadas en el Ideal de Jaén los pasados 18 y 26 de Febrero de 2019 :

18 Febrero Ideal Jaén

Juicio ayer por supuestas facturas falsas e infladas paracobrar subvenciones de 95.000 euros para dar cursos a parados.

Dos hombres y una mujer se declararon ayer inocentes del delito de falsedad en documento del que les acusan en el Fiscal y la Junta de Andalucía, que reclaman contra ellos dos años de cárcel por presentar supuestamente facturas falsas por importe de más de 30.000 euros para justificar subvenciones para cursos de formación de parados impartidos en una academia de Úbeda. En las facturas por las que les acusan consta, por ejemplo, que compraron folios a 0,45 euros más IVA la unidad, según explicó el fiscal para ilustrar al tribunal durante la vista oral que las facturas se inflaban para justificar el cobro de las ayudas públicas. En la misma causa está también acusado otro hombre, que no compareció en el juzgado en un nuevo juicio derivado de la Operación EDU contra el fraude en la formación.

Según las acusaciones, dos de los encartados gestionaban el centro de formación y presentaron para justificar subvenciones de 75.075 euros -para un curso de técnico auxiliar de diseño gráfico y otros 19.800 euros para otro curso de inglés comercial- dos facturas falsas, idénticas pese a que las emitían dos empresas una de Alicante y otra de Almería (supuestamente dirigidas por los otros dos acusados,cuando uno estaba de baja y otro ni era autónomo ni tenía empresas a su nombre y dijo en sede policial que no conocía ni tenía tratos con los responsables de la academia) con precios que la Policía considera inflados.

Ayer en el Penal 1 de Jaén los acusados insistieron en que las facturas corresponden a transacciones económicas reales y con precios ajustados al mercado. Sus explicaciones, sin embargo, no convencieron al fiscal ni a la Junta de Andalucía, cuyo letrado indicó que los acusados había tejido una «maraña de excusas echándose las culpas unos a otros», e insistió en que los acusados dicen que pagaron en efectivo cuando eso estaba expresamente prohibido en las bases de la convocatoria para que se pudieran controlar los pagos, y que incluyeron «precios desorbitados» para aumentar los gastos y cuadrarlos con las subvenciones.

Hasta un perito aportado por la defensa tuvo que admitir que los folios estaban sobrevalorados «en un 90%», aunque indicó que a su juicio otros artículos citados en la factura no presentaban tal nivel de sobreprecio, y que los había incluso por debajo de precios de mercado.

El representante de la administración andaluza precisó además que sobre la misma empresa y relacionado con estos cursos la Junta abrió un expediente administrativo de reintegro porque habían falseado la jornada laboral que impartían varios profesores, que sobre el papel estaban a jornada completa cuando realmente solo estaban unas horas trabajando. Se trata de un expediente de reintegro de más de 30.000 euros.

El Fiscal consideró en sus conclusiones que las falsedades habían quedado acreditadas por una prueba indiciaria, y que correspondían a operaciones «que no eran reales» para cobrar las subvenciones.

Las defensas, por su parte, insistieron en que no había delito alguno demostrado, sino en todo caso cuestiones administrativas, no penales, que pudieran imputarse a sus clientes, pues había quedado claro según su versión que las operaciones habían existido, que hasta 15 alumnos habían declarado a la Policía que los cursos se hicieron y que ellos habían recibido material adecuado para hacerlo. Caso de que haya una condena solicitaron la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.

En el juicio también declararon varios de los policías que durante varios meses hace ya un lustro investigaron en la Operación EDU a empresas de la provincia por cursos de formación. A principios de marzo de 2015 la Policía abrió la Operación EDU en Jaén (y en el resto de provincias andaluzas). Había sospechas sobre 25 centros deformación jienenses. Se esperaban 103 nuevas detenciones y 11 imputaciones, de las que más de cuarenta correspondían a Jaén. Había 8,5 millones en subvenciones bajo sospecha.

En Jaén la Policía detectó que los cursos se habían dado realmente. Pero había irregularidades en buena parte de las subvenciones investigadas. La Policía continuó en junio de 2015 con la operación arrestando e imputando a quince cargos políticos y técnicos de la Junta. Hasta noviembre de 2015 no declararon los empresarios detenidos en marzo. En junio de 2016 se citó a declarar a técnicos y

responsables de la Junta de Andalucía, y la jueza decidió archivar laparte que les afectaba, en los que se llamó la 'pieza política' de los ERE.

Luego se archivó las actuaciones sobre once empresas más. Quedaron catorce casos investigados. Instrucción 4 de Jaén disgregó la causa enviando lo que afectaba a cada una de estas empresas a sus respectivos partidos judiciales, en procedimientos independientes. Varios de ellos fueron archivados.

En 2017 fue absuelto un empresario acusado de apropiación indebida. En mayo pasado se condenó a un año y nueve meses a dos empresarios por fraude de 93.000 euros.

Queda pues otra media docena de procedimientos más aún vivos distribuidos por distintos juzgados.

26 de Febrero Ideal Jaén

Absueltos cuatro acusados por EDU porque inflaron precios pero no falsearon

documentos

El juzgado de lo Penal 1 de Jaén ha absuelto a cuatro acusados de falsedad documental en un tema relacionado con fraude en cursos de formación para parados destapado durante la Operación EDU en 2015.

La sentencia, que aún se puede recurrir en la Audiencia, considera que no quedó demostrado que puestos de común acuerdo procedieran a alterar o modificar documento oficial para la obtención de subvenciones -que es de lo que los acusaba el fiscal-, tras haber cobrado 96.000 euros para formar parados en inglés y diseño gráfico. Sin embargo, la sentencia establece que «es evidente que el desglose de cada uno de los materiales que comprenden las facturas, llama la atención el valor tan elevado de las unidades de bolígrafos e incluso de los folios, que están muy por encima del valor de mercado». Hasta un perito de la defensa admitió en el juicio este extremo tras preguntarle el Fiscal por el precio de los folios que compraban la academia, a 0,45 más IVA la unidad.

«No olvidemos que se acusa por un delito de falsedad en documento oficial», razona la jueza Carmen de Torres Extremera, que firma la sentencia. Y considera que los hechos «no pueden ser encuadrados en tal tipo penal, como califica el Ministerio Fiscal. Un documento oficial es aquel que está expedido y firmado por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones y conforme a la legislación específica, y en el presente caso son facturas emitidas por particulares autónomos, que entran en un tráfico jurídico 'inter pares' y que hace efecto frente a terceros».

El razonamiento jurídico de la sentencia indica además que no hay prueba directa ni pericial que acredite que las facturas tuviesen alguna alteración. Así que dado que no hay pruebas de cargo que demuestren que los acusados se pusieron de acuerdo para crear facturas ficticias, solo cabe absolverlos a todos.

Según las acusaciones, dos de los encargados (hermanos) gestionaban el centro de formación y presentaron para justificar subvenciones de 75.075 euros -para un curso de técnico auxiliar de diseño gráfico y otros 19.800 euros para otro curso de inglés comercial - dos facturas que creían falsas, idénticas pese a que las emitían dos empresas una de Alicante y otra de Almería (supuestamente dirigidas por los otros dos acusados, cuando uno estaba de baja y otro ni era autónomo ni tenía empresas a su nombre en ese momento y dijo en sede policial que no conocía ni tenía tratos con los responsables de la academia) con precios que la Policía consideraba inflados.

En el juicio los acusados insistieron en que las facturas corresponden a transacciones económicas reales y con precios ajustados al mercado por materiales personalizados y por tanto más caros.

La Junta indicó en la vista que a la academia se le había abierto expediente de reintegro de 30.000 euros por declarar que tenían profesores a jornada completa cuando realmente daban unas horas de clase.